“La ciudad se ilumina para nuevas proezas”
Homero Aridjis

foto2Bogotá vive un fenómeno divido en dos aspectos complementarios, que se encuentra oculta a la opinión pública y carece de una sesuda problematización. Por un lado se debate la reforma al estatuto orgánico de Bogotá, mientras se sientan los fundamentos de la región administrativa y planeación especial (RAPE). En las siguientes líneas no se pretende hacer un análisis exhaustivo, solamente buscamos estimular la reflexión, dentro de las organizaciones sociales, sobre el desarrollo estratégico de las elites dominantes hacia una ciudad conducida por los principios de la acumulación y concentración de la riqueza, mediante el diseño de espacios destinados a maximizar beneficios particulares en desmedro de la mayoría de los pobladores. La pregunta central que formulamos es ¿cómo se inscriben estos proyectos en el modelo de desarrollo planteado por las clases dominantes nacionales? Y ¿Qué alternativa viable se avizora desde el campo popular para enfrentarlo? Las respuestas están aún por construirse.

De la tercera vía a revolución pasiva
En un reciente artículo de opinión, el profesor José Honorio Martínez acuña el concepto de revolución pasiva como elemento descriptivo sobre el contenido programático del gobierno de santos, en cuanto proceso discontinuo que preserva los rasgos característicos del régimen de dominación de larga duración, el terrorismo de Estado, con un atributo adicional: el poder clientelar de la asistencia social y la modificación superficial de la estructura administrativa, jurídica y política vigente. A su decir “el gobierno Santos se encuentra abocado a -por lo menos- ensayar una revolución pasiva. Entendiendo por esta una “revolución-restauración”, o sea una transformación desde arriba por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo. Mediante la revolución pasiva los segmentos políticamente más lúcidos de la clase dominante y dirigente intentan meterse “en el bolsillo” a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de toda radicalidad y todo peligro revolucionario. Las demandas populares se resignifican y terminan trituradas en la maquinaria de la dominación”. Lo que aparentemente sintetiza una jugada magistral de gobernabilidad, es apenas un aparente remozamiento de las bases del orden, cuyo propósito central no es otro que consolidar o re emprender el régimen de acumulación conforme a los patrones establecidos por el sistema mundo capitalista, garantizando la incorporación, “menos perjudicial”, del país.
Esta lógica iniciada con la mentada ley de víctimas y restitución de tierras, que en su momento se presentó como el “más conspicuo de los intentos por fomentar la economía rural y la base justa para recuperar derechos perdidos en el marco del conflicto armado”; la promoción de una política de vivienda, promocionada como una escala mayor en el sistema de derechos a un hábitat digno; la camaleónica reforma a la justicia (con su horda de micos), la ley de bancadas, la reforma a la salud, entre otras, y el intento de desmovilizar a las insurgencias por medio diálogos ligeros e insubstanciales, constituye ese enorme propósito de efectuar la tarea más tardía y aplazada de las elites criollas: constituir un aparente, pero colectivo, sentido de nación, reduciendo el protagonismo del aparato militar en el “control de riesgos al modelo político”, re definiendo su misión constitucional de protección de la soberanía territorial y promoviendo la gestión política y económica por cauces liberales y “democráticos”, priorizando el poder de la sociedad civil. Eso que Santos reedita como tercera vía, en una maniquea versión tropical de Blair, Clinton o Cardozo, no es más ni menos que un paciente, pero urgente, interés de clase por modificar y decorar el exterior de una fachada malograda, para que las bases del edifico queden intactas.
Ciudades centrales, panoplias estratégicas.
No es solo la Colombia profunda la que está en disputa militar, económica y política. Aunque brille por ausencia el problema urbano en los círculos de opinión, la mesa de negociación de la habana, el campo académico y aunque, infortunadamente, en los sectores que conformamos el campo popular, apenas se construye una visión en torno a la tendencia global que consolida ciudades en expansión, con su respectivo correlato de segregación, exclusión, marginalidad y desarrollo desigual; aun asi, la disputa territorial que los movimientos sociales plantean al modelo despojo, oponiendo el concepto de derecho a la ciudad, que necesariamente trasciende las reivindicaciones básicas, aunque importantes, por adquirir derechos parciales y fragmentados (vías pavimentadas, hospitales, colegios, centros recreativos) , empieza a convertirse en asunto de ocupación prioritaria, tanto para el bloque dominante como el contra hegemónico.
El pulso más visible se vivió en la ciudad de Medellín, en el marco del VI foro urbano mundial organizado por ONU hábitat, realizado bajo el elocuente reto de alcanzar la “equidad urbana”, contando con la participación de presidentes, académicos, técnicos, representantes de la sociedad civil y alcaldes de diversas ciudades. Frente a este escenario, proyectado para afianzar la política urbana de los organismos financieros multilaterales (BM, FMI, BID), diversas organizaciones sociales y populares plantearon el foro social alternativo y popular que abarrotó las calles de las tierras del aburra, contraponiendo perspectivas radicalmente distintas a la ambigüedad del foro oficial. Lo que realmente se puso en la balanza, no es solo la capacidad movilizadora de los dos foros y su composición de clases, sino las concepciones actuales en torno al problema de la ciudad, tanto del capital, como de los sectores dominados.
Si se analiza con un poco de detalle, el contenido de las conclusiones del foro oficial está orientado a perfilar lo que denominamos aquí la revolución pasiva, dirigida alternamente a las ciudades en proceso desordenado y des planificado de metropolizacion (Cali, Medellín, Manizales, barranquilla etc.), por efecto de mega proyectos de renovación urbana (gentrificación) y planes de articulación económica de carácter regional, cuyos efectos perversos son evidentes y su propensión a profundizar los conflictos socio-ambientales, propios del modelo de ocupación del suelo urbano, son francamente impredecibles. En algunos casos, como el de Medellín, este proceso en ciernes se adelanta acompañado por un fuerte componente de represión y control para-estatal, mientras que en la situación de la Capital se pretende asegurar a través de mecanismos “de derecho”, aderezados con matices de progreso y desarrollo. Vivimos entonces el desarrollo de la revolución pasiva, lenta pero ascendente, a través de dos mecanismos integrales, administrativos y económicos: la formulación de la RAPE (región administrativa y de planeación especial) y la pretendida reforma al decreto 1421 de 1993 (estatuto orgánico de Bogotá).
Una columna vertebral con dos medulas que persigue el propósito trazado por las elites rolas desde finales de la década de los 80 “hacer de Bogotá la polis integral, competitiva, dinámica, eficiente que viabilice la vida política y económica del país”. Los ecos tardíos del neoliberalismo, pujan por materializarse en el altiplano.
¿De Bogotá Región a la metrópolis central?
“La consolidación de la RAPE Región Central ha sido concebida por los mandatarios de las 5 entidades territoriales, y será la plataforma de cooperación más sólida para la construcción de la paz y una apuesta para el desarrollo socioeconómico del territorio, caracterizado por la inclusión social, el reconocimiento diferencial de la población, el avance en la disminución de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan la zona”.
Es la conclusión del encuentro culmine entre representantes administrativos de Distrito Capital y los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, que a pesar de representar diferentes matices en el terreno político, parten de un diagnóstico compartido, a saber: Bogotá se encuentra conectada desde hace 30 años, social, ambiental, económica y culturalmente, con por lo menos 17 municipios, que corresponden a 5 departamentos. la ciudad vive de su especialización en el sector de servicios y de la diversidad regional, integrada al aparato productivo y mercantil urbano, además, su importancia estratégica, al concentrar el poder político y económico del país, requiere mecanismos de incorporación a las dinámicas del mercado global, en tanto “ el mundo experimenta cambios significativos en los procesos y dinámicas económicas y espaciales que superan la idea de Estado-nación (…) y es necesario seguir el ejemplo de los países emergentes que conforman la BRICS, que promovieron su desarrollo interno a partir de territorios regionales dinámicos (ciudades región)”
La configuración de un tipo de geografía económica, aglomerada, densificada y diversa, es para la alcaldía el logro principal en vía de garantizar un modelo de ciudad moderno y sustentable, adecuado al “posconflicto” y basado en 5 ejes:
1. Gobernanza y Buen Gobierno
2. Sustentabilidad eco sistémica y manejo de riesgos
3. Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos
4. Competitividad y proyección internacional
5. Soberanía-seguridad alimentaria y economía rural
Cabe anotar que en esta área, proyectada por el alcalde Gustavo Petro como “la verdadera locomotora del país” y una región de integración supra territorial, se mueve el 31% de los intercambios comerciales del país y es vivienda del 22% del total de la población, y si sumamos que el estado colombiano ha firmado más de 15 TLC en los últimos años, es notable la urgencia por disponer y mejorar las condiciones territoriales estratégicas para “participar” en la feria gea política internacional. No es baladí ni esporádico el proyecto sobre el rio magdalena, pactado entre la nación y una empresa Estatal China y la regeneración del rio Bogotá, diseñado para producir energía y mejorar su navegabilidad. Una vez más los derechos del capital se superponen y prevalecen al conjunto de derechos colectivos de los ciudadanos. Algunas preguntas que van surgiendo en este punto ¿la regionalización del centro del país es en realidad, como lo presenta German Ardila, la primera ley organiza de ordenamiento territorial orientada a fortalecer la autonomía municipal, la organización planificada de los bienes naturales y la posibilidad de obtener rendimientos económicos elevados, o es un paso definitivo en la consolidación de la segregación socio-espacial, la expropiación de infraestructura para flujo acelerado de mercancía, expoliación de los bienes comunes para uso extractivista o comercial y el reconocimiento del libre mercado como única vía de política económica?. Un vistazo a Johannesburgo, Moscú, sao pablo o Bombay nos dará pistas si ese es el camino expedito al primer mundo, o la ruta abierta al apartheid cosmopolita.
El cambio administrativo, cierre de broche.
Una transformación de tal magnitud no sería viable sin una reforma administrativa de la misma envergadura, que instale el piso normativo y agencie el propósito de materializar la región centro del país. Bogotá por su condición, se le otorga la función y recargada responsabilidad de disponer su aparato público en virtud de coordinar institucionalmente la apuesta por dar vida a la RAPE, y fue a través de los movimientos del presidente del consejo Miguel Uribe Turbay y la representante a la cámara Clara Rojas que se elevó la discusión sobre la redefinición administrativa de Bogotá a categoría “prioritaria”, en tanto el planteamiento de ordenar orgánicamente a la ciudad acompasando sus instituciones al desarrollo regional implica “mejorar las condiciones de la administración pública y la gobernabilidad distrital y reformar las competencias de las unidades territoriales de planeación”.
La pretensión más ambiciosa de la actual administración, es entonces, la modificación sustancial del decreto 1421 de 1993 o estatuto orgánico de Bogotá, que en su definición “dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, es decir que establece los criterios y principios político administrativos y fiscales, complementando las disposiciones normativas consignas en la constitución política de 1991, (específicamente el titulo XI- capitulo 4) y a su vez articulada al marco legal municipal de la nación; toda una tela jurídica ininteligible, in abordable y ambigua, como expresión kafkiana de esa tradición santanderista de las clases dominantes. Sin mencionar que los vacíos legales que perviven son llenados constantemente por modificaciones especiales emitidas por la corte constitucional.
Precisamente esa caótica maraña jurídica hace imperativa una reforma profunda al estatuto orgánico, sin embargo, esta aspiración de variadas organizaciones sociales es objeto de trasmutación, en la medida que los cambios planteados no se realizan con el fin de transformar radicalmente la estructura de poder, democratizar las decisiones administrativas, ni mejorar las condiciones vida de los habitantes de los barrios populares; sus ajustes son puramente tecnocráticos, superfluos y formales: elecciones populares de los alcaldes locales, escalonamiento de la autonomía presupuestal de las unidades territoriales de planeación, ampliar el número de localidades a 30 y acondicionar el marco jurídico a la regionalización de la ciudad.
A ojos desprevenidos esta parece la vía correcta a la modernización del país, pero si se profundiza el análisis surgen grandes reparos ¿sirve de algo una reforma administrativa que no cambie un ápice la vergonzosa concentración del poder político y económico, ni genera mecanismos para reducir la segregación socio espacial y la desigual obtención de beneficios sobre los bienes y servicios que provee la ciudad? ¿Es más importante la elección de alcaldes locales o la descentralización efectiva? ¿La regionalización se establece para garantizar los derechos colectivos de los sectores pobres de la ciudad o asegurar condiciones de gerencia del mercado, lo que a la postre marcaria la tendencia de acumulación y concentración de la riqueza?
Estatuyente o destituyente/constituyente
Para dinamizar esta doble estrategia, la secretaria de asuntos locales impulsa ejercicios de “participación” que han dado en llamar Estatuyentes por Bogotá, donde se socializa y circulan opiniones alrededor de la apuesta por reformar el estatuto orgánico de Bogotá, con el fin de revestirla de legitimidad y amplitud. En mencionadas reuniones participan, desde los ingentes gestores de las distintas dependencias del distrito, hasta líderes comunales, sociales y ambientales.
Frente a estos cantos de sirena, el campo popular que desciende de los cerros y asciende en sus repertorios de confrontación, dispone de un contexto favorable y una propuesta que aclara la bruma enceguecedora que nos impide ver, más allá de los árboles, el bosque; y no es en ruta para increpar virulentamente a Gustavo Petro y sus funcionarios, sino una vía que se dispone a establecer una metodología, visión programática y propuestas esclarecidas de justicia socio-espacial. La invitación que arroja el profesor José Honorio, cobra valor:
“El campo popular enfrenta una coyuntura en la que la clase dominante intenta prosperar en la relegitimación del Estado y el orden general de la dominación. Ante tal búsqueda, la intensificación del proceso destituyente/constituyente, por parte de los movimientos sociales, emerge en el horizonte como la alternativa más plausible en la perspectiva de doblegar la continuidad del neoliberalismo”(..) la cualificación del proyecto político alternativo dando mayor centralidad a la crítica anti-sistémica; el robustecimiento del imaginario instituyente que ánima a los movimientos sociales y la consolidación de la unidad de los diversos procesos orgánicos situados a la izquierda.”
La construcción de poder popular como propósito, implica esculpir esa herramienta que deviene en poder constituyente, prefijado por una intencionalidad destituyente; En tanto concepto integrador, de resistencia y superación.
La oposición de estos dos conceptos no es producto de animadversión alguna contra sectores del movimiento progresistas, que honesta y juiciosamente han explorado la estatúyete como propuesta estratégica para consolidar el proyecto de Bogotá humana, pero que, consideramos, se transforma en el mecanismo expedito de revolución/restauración, que a la postre acrisola el modelo elitista y excluyente de los últimos 20 años.
Es una discusión necesaria en torno a la lucha de los pobladores urbanos por el derecho a la ciudad, que necesariamente tiene que trascender la simple forma de sus instituciones y empezar a reflexionar sobre modelos alternativos de tenencia, gestión y uso del suelo, el problema de su renta; la estructura socio- ambiental; la relación entre el suelo urbano y rural en la producción de ciudad; los equipamientos básicos, en tanto acceso al conjunto de derechos y servicios provistos por la ciudad y la derrota de la tendencia a la segregación socio- espacial. Estos asuntos medulares no van a resolverse con una reforma cosmética al estatuto orgánico de Bogotá, sino por medio de la destitución del poder político y económico dominante y la constitución de un modelo nuevo, que nazca de los anhelos y aspiraciones de los sectores históricamente marginados… ¿del constituyente primario?

Julián Camilo Arana Moreno
Colectivo popular Al Timón
Tejido de acción y lucha popular pal barrio

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